La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones en las que, sin dar pruebas, habló sobre la financiación de la Minga Indígena en Cali.
Según manifestó en su cuenta oficial de Twitter, mantener esa sociedad indígena cuesta alrededor de 1.000 millones de pesos cotidianos.
Asimismo, señaló que las movilizaciones masivas no solo generan riesgos por el COVID-19, sino que “predisponen a la ciudadanía agotada con el vandalismo y acciones violentas de quienes han infiltrado el derecho legítimo a la protesta”.
La vicepresidenta finalmente destacó el actuar del presidente Iván Duque, en el marco de buscar diálogos y soluciones con los diferentes sectores sociales, y pidió prudencia para reducir las tensiones entre los ciudadanos.
¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica.Marta Lucía Ramírez
